Trascripción literal de la sentencia referida

NOTIFICACION: 26-1-11

LDO. DON JOSE LUIS SERRALLE

JOO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2

ALBACETE

01610

G/TINTE N° 3 2A PLANTA

Número de identificación Único: 0200345320090000749

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000349 /2009

Sobre ADMINISTRAC!ON LOCAL

De Diña. ANTONIO GONZALEZ LOPEZ

Contra D/ña. AYUNTAMIENTO DE MOL!NICOS

SENTENCIA N° 16

En ALBACETE, a veinticinco de Enero de dos mi! once

Vistos por el Ilmo. Sr. D. GUILLERMO B. PALENCIANO OSA, Magistrado-Juez de lo

Contencioso-Administrativo nO 2 de ALBACETE, los presentes autos de

PROCEDIMIENTO ORDINARIO N° 349/2009 instados por ANTONIO GONZALEZ

LOPEZ, representado y defendido por MARtA CONCEPCION PALACIOS GARCIA

siendo demandado AYUNTAMIENTO DE MOLlNICOS, representado por ANTONIO

NAVARRO LOZANO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que con fecha 27/07/2009 tuvo entrada en el decanato de estos

juzgados, siendo posteriormente repartido a este órgano judicial, escrito de

interposición de recurso contencioso - administrativo, que fue registrado con el

número de procedimiento ordinario antes referido. Admitido a trámite el recurso, se

reclamó de la administración demandada el expediente administrativo, el cual, tras

ser recibido por el juzgado, fue puesto a disposición de la parte actora para que

formalizase demanda, lo cual verificó.

SEGUNDO.- Que en su escrito de demanda la parte actora, tras exponer los hechos

y fundamentos de derecho en que basaba sus pretensiones, solicitaba del juzgado

dictase sentencia en la que, con estimación de la presente demanda, declarase la

nulidad dei decreto/Resolución de fecha 16/01/2009 dictado por el Sr. Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Molinicos por el que se concede "Licencia

de Primera Ocupación del edificio ubicado en el Polígono 22 parcela 124 de

Molinicos (Albacete), instalación realizada para la actividad de "Horno Crematorio de

MER", con condena en costas a la Administración demandada si se opusiera y con

lo demás que proceda en justicia.

TERCERO.- Que por este juzgado se tuvo por formalizada la demanda y se confirió

traslado de la misma a la administración demandada para que la contestase en el

plazo de veinte días, lo que verificó con el resultado que ofrecen los autos, y tras

exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideraba de pertinente

aplicación, suplicaba del juzgado que dictase Sentencia por la que se desestimase el

recurso y las pretensiones del actor, y se declarasen ajustadas a derecho las

resoluciones objeto de impugnación.

CUARTO.- Evacuado este trámite, se tuvo por contestada la demanda y se recibió el

pleito a prueba, y una vez que fue declarada pertinente, se practicó la misma con el

resultado que es de ver, y llevado a cabo el trámite de conclusiones escritas, se

declaró el juicio concluso para dictar sentencia.

QUINTO.- Que en la tramitación de este recurso se han observado las

prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El presente procedimiento se inicia en virtud de recurso contencioso

administrativo interpuesto por la Procuradora Da Concepción Palacios García en

nombre y representación de D. Antonio González López contra la Resolución del

Ayuntamiento de Molinicos de de 20 de febrero de 2009 por la que se desestima el

recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Alcaldía de ese mismo

Ayuntamiento de 16 de enero de 2009 por la que se concede a Serrano Jiménez

Molinicos S.A.L. la Licencia de Primera Ocupación al edificio ubicado en el Polígono

22 Parcela 134 de Molinicos ( Albacete).

El demandante sostiene con su escrito de demanda, y como argumento fundamental

de impugnación, la ilegalidad de la licencia concedida toda vez que la actividad que

se desarrollaría amparada en la licencia concedida es de Horno Crematorio de MER,

y que con carácter previo requiere la concesión tanto de la licencia de obras como la

de actividad, cuya concesión también fue recurridas en vía administrativa, sin que

hayan sido resueltos de forma expresa, y por haberse vulnerado la Ley 16/2002 de

uno de julio de prevención y control integrados de la Contaminación, la cual, y para

la instalación litigiosa, al encuadrarse dentro del Anejo 1 de la ley por tener una

capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día, hacen necesario contar con la

previa Autorización Ambiental Integrada ( en adelante AAI), que no sólo no consta

haber sido emitida, sino tampoco haber sido solicitada. Se opone con la demanda a

la decisión administrativa que niega la necesidad de dicha AAI en el hecho de que

sólo se fuesen a trabajar cuatro horas al día, pues la Ley claramente establece dicha

necesidad al utilizar la expresión capacidad de tratamiento de la instalación

incineradora.

A mayor abundamiento, también se pone de manifiesto con la demanda que la

instalación incineradora esta a una distancia de 1.300 metros, lejos por tanto de los

2,000 metros recogidos en el Decreto de 30 de noviembre de 1961, donde se regula

la licencia para este tipo de actividades, así como que no se han producido las

notificaciones correspondientes a todos los propietarios colindantes, además de no

contar con autorización de vertidos por parte de la Confederación Hidrográfica del

Sequra.

Por la defensa del Ayuntamiento de Molinicos se opuso al recurso interpuesto

sosteniendo la legalidad de la resolución recurrida, alegando como cuestión previa la

inadmisibilidad del recurso interpuesto por falta de legitimación del recurrente.

En cuanto al fondo, se sostuvo la legalidad de la resolución recurrida, tras poner de

manifiesto que la actividad litigiosa contaba con la previa licencia de obras y de

actividad, siendo la licencia de primera ocupación la que se limita a comprobar que

las obras y la actividad a desarrollar se corresponde con las licencias concedidas, y

sin que fuese necesaria la previa AAI, tal y como se informó por parte del Director

General de Calidad Ambiental en su resolución de 8 de junio de 2005 ante la petición

efectuada en su día por parte del promotor al no quedar encuadrada la actividad

dentro del Anejo I de la Ley 16/2002 por no superar la capacidad de sus instalaciones

e! mínimo indicado en el epígrafe 9.2 , Y por lo que solicitó la corrección de errores

en la declaración de impacto ambiental de! proyecto ( Resolución de 21de octubre de 2004).

Por todo lo anterior, y una vez que contaba con las preceptivas

licencias y autorizaciones administrativas, tanto municipales como autonómicas, así

como por los informes técnicos emitidos, es por lo que es ajustada a la legalidad la

resolución que ahora se impugna.

SEGUNDO.- Cabe comenzar por resolver acerca de la causa de inadmisibilidad

opuesta por la defensa de la Administración Local y fundada en la posible falta de

legitimación activa del recurrente, carente de fundamentación con el escrito de

contestación. La resolución de dicha causa de inadmísibi!idad debe serio en sentido

desestimatorio, y para ello nada mejor que poner de manifiesto la reciente Sentencia

de 25 de enero de 2010 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ

de.Castilla La Mancha, donde no sólo resalta la improcedencia de negar en sede

judicial tal falta de legitimación del recurrente, cuando por la propia Administración

demandada se admitió a trámite y en su momento fue desestimado el recurso de

reposición sin hacer valer dicha falta de legitimación, sino porque, y así se dice en la

Sentencia; " a idéntico resultado se llegaría en aplicación de la jurisprudencia sobre

el ejercicio de la acción pública en materia de medio ambiente. Así, en sentencias

como la de 18 de abril de 2005, esta Sala y Sección ha declarado que "No podemos

admitir fa fa/ta de legitimación pretendida, ya que jurisprudencialmente ha sido

admitida la legitimación activa, por la posibilidad de ejercicio de la acción pública

respecto de la licencia urbanística que comporta el Reglamento de actividades

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (RAMINP) aprobado por Decreto de

treinta de noviembre de 1961. En efecto, el artículo 30 de dicha norma contempla

razones urbanísticas como una de las causas de denegación de las licencias de

actividad (STS de tres de diciembre de 2001), y la Jurisprudencia ha venido

declarando igualmente (SSTS de treinta y uno de enero de 2001, y veintiocho de

marzo de 2000) que cuando la temática esencial de impugnación de una actividad

clasificada como molesta, insalubre nociva o peligrosa radica precisamente en el

emplazamiento de dicha actividad que, como es sabido, se supedita a lo dispuesto

en los planes de ordenación urbana (artículo 30.1 del RAMINP), cabe admitir el

ejercicio de la acción pública establecida como legitimación en el artículo 235 de

Texto Refundido de la Ley del Suelo EDL 1992/15748 de nueve de abril de 1976 o

en el artículo 304 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y

Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/992, de 26 de junio, no

afectado por la STC 6111997". Como también ha dicho esta misma Sala y Sección

en su reciente sentencia de 6 de octubre de 2009, "Es pública la acción para exigir la

observancia de la legislación urbanística (artículo 304 de la Ley del Suelo antedicha),

y una licencia de actividad, cual la impugnada en este proceso, es también una

licencia urbanística en cuanto que mediante ella se controla la legalidad del uso

pretendido en una concreta finca, es decir, en cuanto es al propio tiempo una

licencia referida al uso del suelo".

TERCERO.- Con carácter previo a la resolución de! fondo de la controversia, se

hace necesario partir de la regulación legal aplicable a un supuesto como el que

nos ocupa, y en el que lo que se concede es la licencia de primera ocupación a una

instalación cuya actividad es la de Horno Crematorio de restos animales, y cuya

primera aproximación no lleva al Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre de

2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del

Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla La Mancha, y cuyo arto 163, y para

una actividad como la descrita, recoge la integración del régimen urbanístico y el de

actividades clasificadas o sujetas a evaluación impacto ambiental al decir:

1. La licencia urbanística llevará implícita la concesión de las restantes licencias

municipales y especialmente, la de actividades molestas, insalubres, nocivas y

peligrosas y la de actividades industriales.

   Cuando la licencia urbanística se refiera a actos, operaciones o actividades que

requieran otras licencias o autorizaciones municipales, el procedimiento previsto

para éstas se integrará en el procedimiento de otorgamiento de aquéllas .

2. En el supuesto de que los actos o actividades sujetas a licencia municipal

requieran la previa tramitación de expediente de declaración de impacto ambiental

quedará en suspenso la tramitación del procedimiento de concesión de licencia, así

como el cómputo del plazo para resolver, hasta tanto se acredite por el solicitante el

carácter favorable de dicha declaración y la inclusión, en su caso, en el proyecto de

las medidas correctoras resultantes de las mismas. No se podrá otorgar la licencia

cuando la declaración de impacto hubiera sido negativa o se incumplieran las

medidas de corrección determinadas en ella.

3. Las licencias urbanísticas podrán denegarse por los motivos previstos en la

legislación específica que regule las autorizaciones o licencias a que se refiere el

párrafo segundo del número 1 y quedarán sujetas al régimen de verificación,

inspección y, en su caso, sanción previsto en dicha legislación."

Necesario es igualmente destacar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 4 de abril

de 2005 cuando estabiece: "Conforme nos recuerda la STS de veintiséis de marzo

de 2001, la Jurisprudencia vino utilizando, inicialmente, un concepto de autorización

que se ajustaba a la noción clásica de acto administrativo que permite a una persona

el ejercicio de un derecho o facultad que le corresponde, previa valoración de la

!egalidad de tal ejercicio en relación con el interés específico que el sujeto

autorizante debe tutelar. Y desde este punto de vista tradicional, la autorización

administrativa, en cuanto acto de control preventivo y de carácter meramente

declarativo que no transfiere facultades sino que remueve límites a su ejercicio,

había de ser otorgada o denegada por la Administración con observancia de la más

estricta legalidad. Carácter reglado de la autorización que es predicable no sólo del

acto mismo de otorgamiento, sino de todos sus aspectos, como son: su contenido, la

competencia del órgano otorgante y el procedimiento a seguir.

Esta visión clásica de las autorizaciones se completó posteriormente con una técnica

autorizatoria que no se reduce ya al simple control negativo del ejercicio de

derechos, sino que se extiende a la regulación misma de la actividad, con el

propósito decidido de orientar y encauzar positivamente la actividad autorizada en el

sentido de unos objetivos previa e implícitamente definidos en las normas aplicables.

Y" en este sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que aunque la licencia o

autorización administrativa representa una remoción de límites en el ejercicio de un

derecho subjetivo del administrado, ello no implica que, una vez removidos tales

límites, la Administración se vea desposeída de sus prerrogativas originarias, sino

que las conserva por tratarse de una materia en la que la policía ejercitable por los

entes públicos está dirigida a la tutela y defensa de fines de interés general,

naturalmente presentes en todo momento (entre otras, STS de seis de junio de

1985).

Pues bien, las licencias municipales urbanística y de apertura de establecimiento

constituyen manifestaciones típicas de las concepciones expuestas de actos

autorizatorios Por la segunda -licencia de apertura de establecimiento- se

sujeta a control municipal la apertura de establecimientos industriales y mercantiles,

licencia que no se limita al mero control y autorización de las instalaciones en cada

caso necesarias, sino que se proyecta hacia el futuro para condicionar de modo

continuado el funcionamiento de la actividad que se autoriza; constituye, por tanto,

una autorización operativa, cuya virtualidad no se agota en el control preventivo que

la Administración efectúa en el acto de licencia; el control administrativo se extiende

para verificar materialmente, mediante la correspondiente comprobación, efectuada 

antes de dar comienzo a la actividad autorizada, primero, el cumplimiento efectivo de

las condiciones fijadas en la licencia, y después, a lo largo de todo el desarrollo de

la actividad, el funcionamiento adecuado de la misma en las condiciones precisas

de tranquilidad, seguridad y salubridad. En definitiva, se trata de garantizar tales

condiciones o, en su caso, restablecerlas o restaurar!as, conforme al arto 1 del

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Además, en relación con la

licencia de apertura debe tenerse en cuenta que, junto a la intervención

administrativa de las Corporaciones locales sobre dichos establecimientos y

actividades en general, la normativa sectorial establece una intervención municipal

especia! y reforzada en relación con determinados establecimientos y actividades.

De ellas destaca la licencia contemplada en el Decreto 2.414/1061, de treinta de

noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

relativa a las actividades e industrias clasificadas de acuerdo con dicho Reglamento,

que tiene la finalidad de evitar que "produzcan incomodidades, alteren las

condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen

daños a la riqueza pública o privada, o impliquen riesgos graves para las personas o

los bienes".

Por su parte, es igualmente procedente recordar que el arto 7 del Reglamento de

Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas aprobado por Real Decreto

2414/1961 de 30 de noviembre, establece en su apartado 2 que" Los informes que

para la calificación de actividades emita la Comisión serán vinculantes para la

Autoridad Municipal en caso de que impliquen la denegación de licencias o la

imposición de medidas correctoras de las molestias o peligros de cada actividad".

El referido artículo ha sido objeto de interpretación por parte de la Jurisprudencia del

Tribunal Supremo, que en su Sentencia de 25 de septiembre de 2000 vino a decir;

"La jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha sido siempre constante al afirmar

que los Ayuntamientos no se encuentran vinculados por el informe de las

Comisiones Técnicas de Actividades Clasificadas, fuera del caso que dice el artículo

7.2 del RAMINP ; es decir: cuando el informe requerido para el establecimiento de la

industria molesta o insalubre fuera desfavorable. Así !o establece expresamente el

precepto indicado y así lo ratifica el artículo 6 del mismo Decreto, cuando atribuye a

los Alcaldes las competencias para la concesión de actividades incluidas en dicha

norma sin perjuicio de la intervención que pueda corresponder a otros organismos

(sentencias de 27 de enero de 1999 ,4 de noviembre y 20 de marzo de 1996 )".

CUARTO.- Con la introducción precedente, pasamos al análisis de la autorización

ambiental integrada, que es el eje principal del presente procedimiento, y que viene

a ser un mecanismo de carácter preventivo que trata, al igual que acontece con la

evaluación de impacto ambiental, de neutralizar posibles afecciones ambientales

producidas por determinadas actividades.

Su regulación lega! se contiene en la Ley 16/2002, de 1 julio de prevención y control

integrados de la contaminación, desarrollada por el RD 509/2007, de 20 abril, que

aprueba su reglamento de desarrollo, y trae causa en la Directiva 96/61/CE, del

Consejo, de 24 septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la

contaminación , mediante la que se establecen medidas para evitar, o al menos

reducir, las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo,

incluidos los residuos para alcanzar un nivel elevado de protección del medio

ambiente considerado en su conjunto.

En la propia exposición de motivos se establece de forma literal que;

   "En cuanto a los efectos de la autorización ambiental integrada, está claro que

medjante la misma únicamente se fijan las condiciones exigibles, desde el punto de

vista ambiental, para la explotación de las instalaciones afectadas, por lo que se

otorga con carácter previo al de otras autorizaciones o licencias sustantivas

exigibles, como las reguladas en el arto 4.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de

ndustria, y la licencia municipal de actividades clasificadas regulada en el Decreto

2414/1961, de 30 de noviembre, o en la normativa autonómica que resulte de

aplicación, que permanecen vigentes, aunque también se establecen diversos

mecanismos de coordinación con la autorización ambiental integrada, atendiendo a

o exigido en la Directiva 96/61/CE, por el hecho de que intervengan varias

Administraciones.

Así, es evidente que la gran mayoría de los trámites del procedimiento de la licencia

municipal de actividades clasificadas, o de la figura de intervención establecida en

esta materia por las Comunidades Autónomas, encajan de una forma casi literal en

el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada, por lo que

resulta lógico integrar todos estos trámites en un solo procedimiento, siempre que

quede garantizada la participación local en lo referente a materias de su exclusiva

competencia y al pronunciamiento final de la autoridad municipal sobre la concesión

de la mencionada licencia, por respeto a la garantía constitucional del derecho a la

autonomía local.

En este sentido, se establece que todos los trámites de esta licencia municipal.

incfuido el de la presentación de la correspondiente solicitud V con excepción de la

resolución final de la autoridad municipal, se integran en el procedimiento de

otorgamiento de la autorización ambiental integrada, cuyo condicionado ambiental

será. en todo caso, vinculante para la autoridad municipal en todos los aspectos

ambientales recogidos en aquélla. No obstante, se garantiza la participación

municipal en un doble momento, de tal forma que, por un lado, entre la

documentación de la solicitud de la autorización ambiental integrada figura

necesariamente un informe del Ayuntamiento que acredite la compatibilidad del

proyecto con el planeamiento urbanístico, y, por otro, dentro del procedimiento se

incluye un informe preceptivo del mismo Ayuntamiento sobre los aspectos de la

insta/ación que sean de su competencia, teniendo en cuenta, además, que, como ha

quedado dicho, se mantiene en fado caso el pronunciamiento final de la autoridad

municipal sobre la propia concesión de la licencia"

Es el arto 3 de la Ley el que nos da una definición de autorización ambiental

integrada señalando que es la resolución del órgano competente de la Comunidad

Autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los solos

efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar

la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a

garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley. Tal

autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones

que tengan la misma ubicación y sean explotadas por e! mismo titular.

El otorgamiento de la autorización ambiental integrada será por tanto competencia

de la Comunidad Autónoma respectiva y en absoluto sustituye a la licencia de

actividad clasificada que ha de otorgar el Municipio correspondiente. El arto 29 de la

Ley parece claro al respecto cuando señala que el procedimiento para el

otorgamiento de la autorización ambiental integrada .sustituirá al' procedimiento para

el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas regulado por el

Decreto 2414/1961, de 30 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la

resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos, la autorización

ambiental integrada será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando

implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así

como en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el arto 22 .

Así pues la autorización ambiental integrada la otorgará la Administración

autonómica, es previa a la licencia urbanística, preceptiva para las actividades en las

   que está prevista, así como vinculante para el Ayuntamiento en los términos

expuestos.

QUINTO.- Entrando ya en cuales son las actividades que requieren de All, así como

si la misma es de aplicación al supuesto de litis, el arto 2 de la Ley 16/2002

establece literalmente:

"Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final quinta, esta Ley será aplicable

a las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de

las actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en el anejo 1,

con excepción de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la

investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos."

Ello nos lleva a tener que acudir al Anejo 1 del referido texto legal, que comienza con

una nota en la que establece que; "los valores umbral mencionados en cada una de

las actividades relacionadas en la siguiente tabla se refieren, con carácter general, a

capacidades de producción o a rendimientos. ". y más concretamente en lo que se

refiere a la instalación objeto de la presente litis, el apartado 9.2 establece dicha

necesidad para "Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales

o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10

toneladas/día".

La referida exigencia, y con una misma capacidad que la que se cita en la Ley, viene

establecida en el posterior RD 509/2007, de 20 de abril de 2007, en el que se

desarrolla la Ley, al establecer:

"ANEXO 1. Categorías de actividades industriales incluidas en el anejo 1 de la Ley

26/2002

Se describen en este apartado las instalaciones o complejos y actividades

industriales englobadas dentro de cada una de las categorías del anejo 1 de la Ley

16/2002, de 1 de julio.

SEXTO.- Ahora bien, y con arreglo a la normativa expuesta, la controversia

suscitada a la hora de si se debe o no de entender comprendida la exigencia de la

Al! a la instalación autorizada, y si por tanto se había que atender a la capacidad

total de la instalación incineradora, tal y como sostiene el demandante, o si por el

contrario al uso que de la misma se fuese a dar, en concreto en un número

determinado de horas que no se excedería de las 10/toneladas diarias, que es lo

   que se sostiene por e! Ayuntamiento de Molinicos, y que incluso había dado lugar

generada por la Administración Autonómica cuando inicialmente consideró

necesaria la AII, como recogía en su Resolución de 21 de octubre de 2004, de la

Dirección General de Calidad Ambiental, publicada en el DOCM de 2 de diciembre

de 2004 ( folio 190 actuaciones), y posteriormente, y para la misma instalación, el

propio Director General de Calidad Ambiental el 8 de junio de 2005 emitió un informe

según e! cual por las características de la instalación no estaba dentro del ámbito de

de aplicación de la Ley 16/2002 (folio 160 expediente), ha quedado zanjada con un

hecho nuevo que viene a ser definitivo a la hora de resolver el presente

procedimiento, tal y como ha sido puesto de manifiesto por ambas partes tras su

inicio, y que ha sido la Resolución del Director General de Evaluación Ambiental de

30 de abril de 2010 ( folio 258 procedimiento). En efecto, en dicha resolución, yen

atención a que los Servicios de la Comisión Europea que consideran que se debe

atender a la capacidad horaria, y en consecuencia, la capacidad diaria de las

instalaciones supera el umbral de afección de la Ley 16/2002, idéntico al de la

Directiva 2008/1 ICE, establecido en las 10 toneladas diarias, se ha resuelto la

necesidad de regularizar la situación de la incineradora litigiosa por la necesidad

para que pueda continuar en funcionamiento de contar con la AII, situación que ha

dado lugar a que se requiriese a la empresa titular de la explotación a efectuar la

correspondiente solicitud en tal sentido, tal y como se ha llevado a cabo y

encontrándose en tramitación la resolución acerca de la misma, siendo que entre

tanto la instalación deberá minimizarse realizando únicamente su puesta en marcha

para pruebas u operaciones de mantenimiento rutinario, tal y como consta en la

resolución autonómica.

Como consecuencia de lo anterior, y con independencia de que previamente

hubiesen sido concedidas las licencias de obras y de actividad, acerca de las cuales

no es posible emitir un pronunciamiento en el presente procedimiento, como

tampoco de la Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo, pues no han sido

recurridas judicialmente, estando por otra parte acreditado que están también

pendientes de resolución expresa de los recursos administrativos interpuestos, y sin

perjuicio de la incidencia que la anterior decisión autonómica pudiese tener sobre las

mismas y en la actuación municipal a la hora de poder resolver de forma expresa

acerca de los mismos, lo cierto es que la necesidad de la Al! para la instalación que

ahora nos ocupa, lleva necesariamente aparejada la anulación de la licencia de

primera ocupación, que es la objeto de impugnación, pues obviamente sin la previa,

preceptiva y vinculante Autorización Ambiental Integrada la actividad del Horno

Crematorio no puede continuar desarrollándose al amparo de la misma, como

tampoco de las previas licencias de obra y actividad.

Dicho lo anterior, y como ya se anticipa más arriba en cuanto a la imposibilidad de

enjuiciar en el presente procedimiento la otras licencias municipales previas a la

impugnada, tampoco es posible entrar a resolver acerca de cuestiones planteadas

con la demanda como la relativa al posible incumplimiento de las distancias de la

instalación con la población, la falta de emplazamiento de algunos de los titulares de

parcelas colindantes, o las relativas a la autorización de la Confederación

Hidrográfica del Segura, pues incluso se podría prejuzgar la futura decisión

autonómica en relación a la solicitud de la All.

En conclusión, se debe estimar el recurso interpuesto y anular la resolución objeto

de impugnación al no ser la misma ajustada a derecho.

SEPTIMO.- En cuanto a las costas, no se hace especial pronunciamiento en cuanto

a las mismas en esta instancia, y todo ello al amparo en lo previsto en el arto 139 de

la LJC.

   Vistos los preceptos legales citados y los demás que sean de general y pertinente

aplicación

FALLO

Que ESTIMANDO el recurso contencioso administrativo interpuesto por la

Procuradora Da Concepción Palacios García en nombre y representación de D.

Antonio González López contra la Resolución del Ayuntamiento de Molinicos de de

20de febrero de 2009 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto

contra la Resolución de la Alcaldía de ese mismo Ayuntamiento de 16 de enero de

2009 por la que se concede a Serrano Jiménez Molinicos S.AL. la Licencia de

Primera Ocupación al edificio ubicado en el Polígono 22 Parcela 134 de Molinicos (

Albacete); DEBO DECLARAR Y DECLARO su anulación por no ser ajustado a

derecho, y todo ello sin hacer expresa condena en costas en esta instancia.

Notifíquese a las partes informándoles que la presente resolución no es firme y que

contra la misma podrán interponer recurso de apelación en el plazo de quince días

ante este mismo Juzgado y a resolver por la Sala de lo Contencioso Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLlCACIÓN.- En ALBACETE. Leída y publicada en el día de la fecha ha sido la

anterior sentencia por el Magistrado-Juez que la dictó, en audiencia pública. Doy fe